La referente de Fundación Sur sostuvo que la empresa estatal creada con recursos provenientes del fideicomiso UNIRSE genera interrogantes sobre su funcionamiento, sus actividades y la utilización de recursos públicos. También cuestionó el procedimiento utilizado por el Gobierno provincial frente a la minera Newmont y advirtió sobre el impacto que los conflictos con empresas privadas pueden tener sobre futuras inversiones.
La creación y el funcionamiento de Santa Cruz Puede volvieron a quedar en el centro del debate político y económico provincial. En una entrevista radial, la exdiputada nacional y provincial y actual referente de la Fundación Sur, Roxana Reyes, cuestionó el modelo de empresa impulsado por el Gobierno de Santa Cruz y planteó una serie de interrogantes vinculados con el origen de los recursos, el control de los fondos, las actividades desarrolladas y la relación de la estructura estatal con el sector privado.
Reyes explicó que desde la Fundación Sur vienen realizando un trabajo territorial para conocer de manera directa el funcionamiento de distintos organismos y empresas vinculados al Estado provincial. En ese marco, relató una visita realizada semanas atrás a las instalaciones de Santa Cruz Puede, con el objetivo —según explicó— de conocer cómo se estaban utilizando los recursos provenientes del Fideicomiso UNIRSE.
A partir de esa recorrida, la dirigente afirmó haberse encontrado con una estructura que, a su entender, desarrolla actividades comerciales y productivas muy diversas.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Reyes estuvo relacionado con las dimensiones y las actividades que observó en el lugar.
La exlegisladora sostuvo que esperaba encontrar un mercado concentrador de grandes dimensiones, pero que se encontró con una estructura que, según su descripción, funciona en buena medida como una verdulería, además de contar con un restaurante y desarrollar actividades vinculadas con la producción hidropónica.
También señaló la presencia del Ministerio de Seguridad dentro de las instalaciones y cuestionó que una empresa estatal avance sobre actividades que tradicionalmente son desarrolladas por emprendimientos privados.
En ese sentido, Reyes sostuvo que una estructura estatal de estas características puede generar competencia con comerciantes y empresarios que afrontan alquileres, impuestos, tasas y otros costos para sostener sus emprendimientos.
“Cualquiera que quiere poner una empresa ve que hay una empresa del Estado que te hace ataúdes, otro día te hace puertas placa, otro día te hace una verdulería”, planteó durante la entrevista.
La dirigente también relató un intercambio que mantuvo durante su visita con una persona que se presentó como Eugenio Grela, quien inicialmente —según su relato— manifestó ser el dueño del lugar y posteriormente habría señalado que era inquilino.
Reyes indicó que esa situación le generó nuevos interrogantes respecto de la titularidad y funcionamiento de las instalaciones, y adelantó que Fundación Sur prepara un informe específico sobre Santa Cruz Puede.
Otro de los aspectos que Reyes puso bajo discusión es el amplio abanico de actividades que tendría previsto desarrollar Santa Cruz Puede.
Durante la entrevista mencionó, entre otras, la comercialización de aceites y lubricantes, la posibilidad de avanzar en una casa de uniformes, la producción de barras de cereales y el procesamiento de pescado, además de actividades vinculadas con alimentos y producción hortícola.
Para la referente de Fundación Sur, esta diversidad plantea una discusión de fondo: qué rol debe ocupar el Estado frente a la actividad privada y hasta dónde debe extenderse una empresa pública en materia comercial y productiva.
Su postura es que los recursos estatales deberían utilizarse para generar condiciones que permitan que los emprendimientos privados crezcan, mediante herramientas como reducción de impuestos, mejores condiciones de inversión y políticas de estímulo.
“Me parece que la plata del Estado no se tendría que gastar en que el gobernador juegue a empresario”, sostuvo.
Reyes vinculó además esta discusión con el origen de los fondos utilizados para financiar estas iniciativas y reclamó mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos provenientes del fideicomiso UNIRSE.
La dirigente cuestionó la forma en que, según su interpretación, se controlan los recursos provenientes de las empresas mineras.
En particular, planteó la necesidad de conocer con mayor precisión cuánto dinero ingresa, cómo se administra, qué proyectos se financian y cuáles son los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas.
Durante la entrevista también hizo referencia a observaciones que atribuyó al Tribunal de Cuentas respecto de la documentación relacionada con Santa Cruz Puede. Según su exposición, existirían interrogantes sobre órdenes de compra, recepción de mercaderías y listado de proveedores.
Estos señalamientos forman parte de las cuestiones que, de acuerdo con Reyes, serán profundizadas en el informe que prepara Fundación Sur.
La dirigente también cuestionó la caracterización de Santa Cruz Puede como una empresa privada, al contrastarla con su presunta participación en reuniones de gabinete y con las declaraciones según las cuales su conducción trabajaría siguiendo instrucciones del gobernador.
“Parece que tan privada no es”, expresó Reyes al plantear la contradicción.
La entrevista también giró hacia otro de los principales conflictos económicos que atraviesa Santa Cruz: la situación generada alrededor de Newmont, empresa minera que desarrolla actividades en la provincia.
Reyes cuestionó especialmente el mecanismo utilizado por el Gobierno provincial y la Justicia, al referirse a los allanamientos realizados en instalaciones de la compañía.
La dirigente consideró que recurrir a procedimientos de esa naturaleza puede afectar la imagen de Santa Cruz frente a potenciales inversores.
En ese sentido, vinculó la situación con las gestiones que, según explicó, viene realizando con representantes de la Unión Europea para promover inversiones relacionadas con el hidrógeno verde.
Santa Cruz, señaló, posee condiciones naturales favorables para desarrollar proyectos de energías renovables, pero para concretarlos necesita atraer capitales de gran magnitud.
Por eso, sostuvo que cualquier conflicto que pueda transmitir una imagen de inseguridad jurídica o de falta de previsibilidad puede terminar afectando las posibilidades de inversión y generación de empleo.
Reyes manifestó que no puede determinar cuál es la verdadera razón detrás del conflicto entre el Gobierno provincial y Newmont y remarcó que debería ser la propia administración provincial la que explique públicamente los fundamentos de sus decisiones.
Durante la entrevista mencionó distintas versiones que circulan alrededor del conflicto, entre ellas posibles cuestiones ambientales y otras vinculadas con el adelanto de regalías mineras.
La dirigente aclaró que no puede confirmar esas hipótesis, pero reclamó que, si existen razones concretas vinculadas con seguridad, higiene, ambiente o cuestiones económicas, sean explicadas públicamente.
“Que lo digan, que lo transparenten”, sostuvo.
Otro de los cuestionamientos formulados por Reyes estuvo relacionado con el tratamiento del pasivo ambiental dejado por YPF en distintos puntos de Santa Cruz.
La dirigente sostuvo que, si la Provincia está desarrollando controles ambientales sobre las empresas mineras, debería aplicar criterios similares frente a otras compañías y avanzar sobre situaciones que considera pendientes.
En particular, mencionó pozos, derrames y otros problemas ambientales que atribuyó al retiro de YPF de determinados sectores de la provincia.
Para Reyes, la discusión no debería limitarse a una empresa determinada, sino abarcar una política ambiental integral que establezca controles, responsabilidades y mecanismos concretos de reparación.
La entrevista dejó planteada una discusión que excede el funcionamiento de una empresa estatal determinada: qué modelo productivo pretende desarrollar Santa Cruz y cuál será el papel del Estado frente al sector privado.
Mientras el Gobierno provincial presenta a Santa Cruz Puede como una herramienta para impulsar producción y generar alternativas económicas, desde sectores opositores aparecen cuestionamientos sobre su funcionamiento, los controles y el alcance de sus actividades.
En paralelo, el conflicto con Newmont vuelve a poner sobre la mesa otra discusión central para la provincia: cómo combinar control estatal, protección ambiental, derechos laborales y seguridad con la necesidad de atraer inversiones y generar empleo.
Roxana Reyes anticipó que Fundación Sur continuará trabajando sobre estos temas y que próximamente presentará un informe sobre Santa Cruz Puede, con el objetivo de aportar documentación y elementos para profundizar el debate público.
La discusión, por ahora, permanece abierta: qué se hace con los recursos que genera la actividad minera, cómo se controlan, qué actividades debe desarrollar el Estado y qué condiciones necesita Santa Cruz para atraer nuevas inversiones sin resignar controles ni transparencia.
